Susy Torrecillas fortalece la Policía Ambiental en el municipio de Lerdo

En el marco de su primer año de gestión, la presidenta municipal de Lerdo, Susy Torrecillas, ha consolidado el fortalecimiento operativo de la Policía Ambiental como parte de su estrategia de sostenibilidad y ordenamiento urbano. Esta corporación tiene la encomienda principal de vigilar el cumplimiento de los reglamentos ecológicos, enfocándose en la prevención de tiraderos clandestinos de basura, la quema de desechos y la protección de áreas verdes en la demarcación.

Durante este primer año de actividades, las autoridades municipales han reportado la aplicación de 60 sanciones a ciudadanos y empresas que incurrieron en faltas a la normativa ambiental vigente. Estas medidas buscan disuadir las conductas que afectan la salud pública y la imagen del municipio, mediante patrullajes constantes en zonas identificadas como puntos críticos para la acumulación de residuos.

La administración local ha señalado que, además de las sanciones, se han implementado campañas de sensibilización dirigidas a la población para fomentar una cultura de corresponsabilidad en el manejo de residuos. El equipo de trabajo de la alcaldesa sostiene que el objetivo central es transformar la percepción ciudadana sobre el cuidado de los espacios públicos, buscando que el respeto al medio ambiente sea un hábito cotidiano y no solo el resultado de la vigilancia policial.

Para los próximos meses, la propuesta de gobierno municipal contempla la adquisición de equipo adicional y la capacitación continua de los elementos adscritos a la Policía Ambiental. Se espera que este refuerzo técnico permita ampliar el rango de cobertura de las brigadas de inspección, alcanzando incluso las comunidades rurales más alejadas de la cabecera municipal de Lerdo.

Finalmente, el equipo de la presidenta municipal ha reiterado que el diálogo con los sectores productivos y comerciales del municipio continuará siendo una prioridad. La intención es que las regulaciones ambientales no sean vistas como una medida punitiva, sino como un mecanismo necesario para garantizar un desarrollo urbano equilibrado y sostenible en beneficio de todos los habitantes de la región.