sábado, 12 de septiembre de 2026

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Salomón Jara cuestiona el retiro de visas como medida de presión política

El gobernador de Oaxaca calificó la revocación del visado de Andy López Beltrán como una táctica de intimidación utilizada por grupos opositores.

Redacción Eco Nacional
Foto: heraldodemexico

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, manifestó este martes su rechazo a las acciones migratorias que, a su juicio, son empleadas como mecanismos de presión política contra integrantes de la Cuarta Transformación. El mandatario estatal se refirió específicamente al reciente retiro de la visa de Andy López Beltrán, señalando que este tipo de decisiones parecen responder a una estrategia coordinada de sectores de la derecha para desgastar la imagen del actual movimiento político en México.

Durante su posicionamiento, Jara Cruz sostuvo que el uso de facultades administrativas en materia migratoria se está transformando en una herramienta de intimidación. Según el gobernador, este escenario no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una campaña mediática y política orientada a generar cuestionamientos constantes sobre los allegados y colaboradores de la administración federal, buscando así debilitar el respaldo social que sostiene al proyecto de gobierno vigente.

El titular del ejecutivo oaxaqueño subrayó que, ante este tipo de señalamientos y medidas restrictivas, es necesario mantener la unidad al interior del movimiento. En su análisis, el gobernador enfatizó que la oposición ha aprovechado el entorno diplomático y consular para intentar construir narrativas que afecten la legitimidad de las figuras públicas cercanas al oficialismo, sin que existan procesos de transparencia que aclaren los motivos detrás de dichas sanciones migratorias.

Finalmente, el mandatario exhortó a los actores políticos a evitar que las relaciones internacionales y los procedimientos migratorios sean utilizados como moneda de cambio en la disputa partidista local. La postura del gobierno de Oaxaca se suma a las voces que, desde distintos ámbitos de la administración pública, han denunciado que el uso de estos instrumentos de presión busca alterar el debate democrático en un momento donde la agenda pública requiere de mayor cohesión y respeto a la soberanía nacional.

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