PRI exige a autoridades de CDMX proteger patrimonio familiar ante despojos

El diputado federal Rubén Moreira Valdez, en representación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado urgente a las autoridades de la Ciudad de México para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad jurídica y patrimonial de las familias capitalinas. El legislador señaló que el aumento en los reportes de despojos y ocupaciones ilegales de inmuebles representa una amenaza directa a la tranquilidad y estabilidad de los ciudadanos.

Durante su intervención, Moreira subrayó que la impunidad con la que operan ciertos grupos dedicados a la invasión de propiedades privadas requiere de una respuesta coordinada por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia local. El equipo parlamentario del PRI enfatizó que el Estado tiene la obligación constitucional de resguardar el derecho a la propiedad, evitando que los dueños legales sean víctimas de actos arbitrarios que vulneran su patrimonio.

La postura del grupo parlamentario incluye la propuesta de fortalecer los protocolos de investigación y agilizar los procesos de restitución de bienes inmuebles. Según el planteamiento del legislador, es indispensable que las instituciones encargadas de la procuración de justicia actúen con mayor rigor ante las denuncias presentadas por los vecinos afectados, quienes han manifestado preocupación por la pérdida de sus activos frente a la falta de mecanismos de protección eficaces.

Asimismo, el PRI propuso la creación de mesas de trabajo permanentes con las autoridades capitalinas para analizar las zonas de mayor incidencia delictiva y prevenir nuevos casos de despojo. La intención es que las autoridades fortalezcan la vigilancia en colonias vulnerables y se proporcione asesoría jurídica gratuita a las familias que enfrentan procesos de ocupación ilegítima, evitando que el problema se convierta en una crisis estructural en la capital del país.

Finalmente, los representantes priistas insistieron en que la seguridad patrimonial es un pilar esencial para el desarrollo social y la confianza en las instituciones públicas. Afirmaron que mantendrán la vigilancia sobre las acciones que tome el gobierno local en los próximos meses, buscando que se garantice el pleno ejercicio de los derechos de propiedad sin las trabas burocráticas que actualmente dificultan la defensa de las familias ante este fenómeno delictivo.