Partido de María Corina Machado exige revertir inhabilitación tras revelaciones judiciales

Representantes de la oposición política venezolana exigieron este viernes 9 de octubre de 2026 el levantamiento inmediato de la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado. La petición surge tras la reciente confesión pública de una exmagistrada, quien aseguró haber recibido presiones y coacciones directas para validar decisiones judiciales destinadas a impedir la participación electoral de figuras críticas al gobierno actual.

La dirigencia del partido de Machado ha calificado este testimonio como una prueba determinante sobre la falta de autonomía del Poder Judicial venezolano. Según los voceros de la organización, la revelación confirma que el proceso que derivó en la inhabilitación no cumplió con los estándares de imparcialidad necesarios para un Estado de derecho, solicitando a los organismos internacionales que analicen la validez de los expedientes actuales.

Desde la perspectiva de los observadores políticos, este suceso añade una capa de complejidad a las tensiones democráticas en la región. La oposición sostiene que la confesión de la exmagistrada permite cuestionar la legitimidad de las inhabilitaciones administrativas, argumentando que fueron configuradas desde instancias ajenas a la estricta aplicación de la ley, buscando neutralizar cualquier alternativa política real en los comicios venideros.

El equipo jurídico de Machado ha anunciado que presentará una solicitud formal ante las instancias pertinentes para que se reabra el caso. El objetivo central es que se deje sin efecto la medida que bloquea su derecho a postularse, bajo el argumento de que el testimonio de la exfuncionaria constituye un hecho sobrevenido que invalida las bases jurídicas del castigo impuesto originalmente.

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial del Poder Judicial venezolano ha emitido una respuesta directa sobre las acusaciones de coacción vertidas por la exmagistrada. La situación mantiene en expectativa a diversos actores internacionales y organizaciones que monitorean la estabilidad democrática y el respeto a los derechos políticos en el continente, esperando que se esclarezcan las irregularidades denunciadas en el sistema de justicia.