Paola Gárate denuncia intento de la SSPC por retirar su protección
La dirigente partidista cuestionó la intención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de quitarle sus escoltas, contrastando su situación con la seguridad asignada a figuras de la administración actual.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, manifestó este jueves su preocupación ante las notificaciones recibidas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), instancia que pretende retirar el esquema de protección que le ha sido asignado. La dirigente política argumentó que esta decisión ignora el contexto de riesgo y violencia que prevalece en la entidad, señalando que la medida podría vulnerar su integridad física en el ejercicio de sus funciones públicas.
Durante su declaración, Gárate Valenzuela destacó la disparidad existente en los protocolos de seguridad estatales. La lideresa partidista cuestionó abiertamente por qué se busca reducir su esquema mientras que otras figuras políticas, como la coordinadora estatal de Defensa de la 4T, Imelda Castro, cuentan con un despliegue de seguridad significativamente mayor. Según lo expuesto, dicha funcionaria dispone de un equipo compuesto por 16 escoltas y unidades artilladas, sin que se haya hecho público un análisis de riesgo que justifique tal dispositivo.
La dirigente sinaloense enfatizó que la seguridad no debe ser un instrumento de distinción política, sino una medida basada en evaluaciones técnicas y reales de peligro. Gárate hizo un llamado a las autoridades federales para que reconsideren la estrategia de protección, advirtiendo que la violencia en la región sigue siendo una amenaza latente para los actores políticos de diversas fuerzas partidistas.
Por su parte, el equipo de comunicación de la dirigente informó que se mantendrán las gestiones necesarias ante las instancias competentes para garantizar el respeto a los protocolos de seguridad. Reiteraron que la solicitud de protección no es un privilegio, sino una medida preventiva indispensable dada la labor de oposición que desempeñan en el estado, la cual los coloca en una posición de vulnerabilidad constante frente a grupos delictivos.


