FGR traslada a Ciudad de México expediente sobre decomiso de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que el expediente relacionado con el decomiso de 59 millones de litros de combustible, inicialmente investigado bajo la presunción de ser producto de actividades de huachicol, será trasladado a sus oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México. Este cambio en la gestión de la investigación marca un giro significativo en el curso de las indagatorias que se han seguido sobre el origen y la procedencia legal de dicho cargamento.

El traslado del caso ocurre tras semanas de diligencias en las que no se lograron acreditar las pruebas necesarias para clasificar el volumen total del hidrocarburo como producto de tomas clandestinas o robo a ductos de PEMEX. Fuentes cercanas a la institución señalaron que la centralización de los documentos busca estandarizar los criterios técnicos y jurídicos para determinar si el combustible asegurado cuenta con la documentación requerida por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Durante las inspecciones realizadas en diversos puntos de almacenamiento, las autoridades federales enfrentaron dificultades para validar la trazabilidad del producto. Al no hallarse elementos concluyentes que confirmaran la operación ilícita de huachicol en la magnitud reportada inicialmente, la FGR determinó que el equipo especializado con base en la Ciudad de México debe asumir la conducción de las diligencias para evitar irregularidades en el debido proceso.

Por el momento, el combustible permanece bajo resguardo de las autoridades federales mientras se llevan a cabo los peritajes contables y químicos definitivos. Representantes de la Fiscalía han indicado que, una vez que el expediente sea analizado en la capital del país, se determinará si existen elementos para proceder penalmente contra las empresas o particulares involucrados en el resguardo de estos millones de litros de hidrocarburo.

Esta decisión administrativa responde a la necesidad de fortalecer el sustento legal de la carpeta de investigación, garantizando que todas las pruebas recabadas sigan los protocolos estipulados por el Poder Judicial. En las próximas semanas, se espera que el Ministerio Público Federal presente las conclusiones preliminares sobre el caso, las cuales serán fundamentales para definir el estatus final de los bienes asegurados y la responsabilidad de los implicados.