FGE investiga presunto financiamiento del CJNG al Movimiento del Sombrero

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició formalmente una investigación ministerial para determinar la existencia de presuntos flujos financieros provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia el Movimiento Independiente del Sombrero. La indagatoria busca esclarecer si los recursos utilizados por dicha agrupación política en sus recientes actividades guardan relación con actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado en la región.

Fuentes cercanas a la dependencia ministerial confirmaron que el proceso se deriva de denuncias ciudadanas presentadas en las últimas semanas ante las autoridades locales. Los agentes investigadores han comenzado a realizar el análisis de los registros financieros y movimientos bancarios asociados a la estructura administrativa de la organización, con el fin de detectar posibles irregularidades en su contabilidad.

Por su parte, el equipo de comunicación del Movimiento Independiente del Sombrero emitió un comunicado donde rechazaron categóricamente cualquier vínculo con grupos delictivos. Los representantes de la agrupación señalaron que han operado bajo los lineamientos de transparencia exigidos por las autoridades electorales y manifestaron su disposición de colaborar con la Fiscalía para aclarar cualquier duda sobre su origen de recursos.

La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen un monitoreo constante sobre la zona donde opera esta organización, a fin de garantizar que el proceso electoral y la vida pública no sean vulnerados por injerencias externas. Hasta el momento, la FGE no ha dictado medidas cautelares ni ha señalado a personas específicas como presuntos responsables, manteniendo la indagatoria bajo el principio de presunción de inocencia.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía solicite información adicional a diversas instituciones financieras para fortalecer las pruebas en el expediente. Este caso se mantiene como uno de los temas prioritarios en la agenda de seguridad estatal para asegurar la integridad de los procesos de participación política en la entidad.