sábado, 12 de septiembre de 2026

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Exfuncionaria pública niega recibir presiones en caso de corrupción relevante

Una exservidora pública de alto nivel compareció ante las autoridades judiciales para desmentir haber sido presionada durante el desarrollo de la trama de corrupción denominada Lezo.

Redacción Eco Nacional
Foto: infobae

Una exfuncionaria de la administración pública compareció este jueves ante las autoridades judiciales para testificar sobre su gestión y los eventos relacionados con la trama conocida como Lezo. Durante la diligencia, la compareciente negó de manera categórica haber recibido presiones, amenazas o coacciones por parte de superiores o terceros involucrados en la red de corrupción que ha sido objeto de investigaciones prolongadas por parte de los órganos de justicia.

La exservidora pública, quien ocupó cargos de relevancia en la administración estatal, respondió a los cuestionamientos del tribunal sobre las posibles interferencias en los procesos de contratación y gestión administrativa. Según lo expuesto en la audiencia, su desempeño se mantuvo dentro de los cauces legales, desestimando las versiones que sugerían una presunta intervención externa para favorecer los intereses de la organización delictiva en cuestión.

Este testimonio representa un punto de inflexión en el proceso judicial, ya que la defensa buscaba esclarecer si existieron mecanismos de coacción contra los funcionarios de menor rango en la jerarquía gubernamental. La Fiscalía ha mantenido una postura cautelosa, señalando que continuará con el análisis de los expedientes y las pruebas documentales presentadas ante el juzgado para determinar si existen elementos suficientes que contradigan las declaraciones vertidas hoy.

El caso, que ha generado un amplio debate sobre la integridad en la administración pública, sigue bajo el escrutinio de las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Se espera que en las próximas semanas se citen a otros exfuncionarios para completar el mapa de responsabilidades en torno a las operaciones irregulares denunciadas, mientras el Poder Judicial analiza el impacto de estas declaraciones en el expediente central del proceso.

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