Estudio de la IBERO analiza brechas de género en actos de corrupción
Un análisis de la Universidad Iberoamericana examina patrones de corrupción en México, destacando cómo los roles sociales influyen en la participación en estas prácticas.
Un reciente estudio elaborado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (IBERO) analiza la relación entre el género y la incidencia de actos de corrupción en el sector público y privado de México. A partir de una revisión de datos recabados durante más de una década, el documento busca identificar si existen diferencias significativas en la participación de hombres y mujeres en esquemas de irregularidades administrativas y tráfico de influencias.
El análisis académico señala que, si bien la corrupción es un fenómeno sistémico, los patrones de comportamiento suelen estar condicionados por las estructuras de poder y las redes de contacto vigentes en las instituciones. Los investigadores subrayan que los hombres han ocupado tradicionalmente puestos de mayor jerarquía en la administración pública, lo que históricamente les ha otorgado un acceso más directo a procesos donde los riesgos de corrupción son más elevados.
Por el contrario, el estudio indica que las mujeres enfrentan dinámicas distintas dentro del entorno laboral. Según los hallazgos, la menor participación femenina en ciertos niveles de toma de decisiones ha limitado su exposición a redes de complicidad, aunque esto comienza a transformarse a medida que aumenta la paridad de género en los cargos directivos de las secretarías de Estado y organismos autónomos.
La IBERO advierte que la corrupción no es una cuestión biológica, sino el resultado de entornos institucionales que facilitan la opacidad. La propuesta central del equipo investigador es fortalecer la vigilancia en los procesos de licitación pública y profesionalizar el servicio civil de carrera, independientemente del género de los funcionarios, para reducir las vulnerabilidades detectadas en el sistema actual.
Finalmente, el documento recalca la necesidad de implementar políticas de integridad con perspectiva de género. Esto permitiría desmantelar los espacios de discrecionalidad que, históricamente, han sido aprovechados por diversos grupos para incurrir en prácticas ilícitas, contribuyendo así a una gestión más transparente en el ámbito gubernamental y social.
