Cuestionan actuación de la DDHPO en el caso del periodista Alejandro Leyva
La comparecencia de la ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez sobre el caso Leyva genera dudas sobre la responsabilidad institucional y la coordinación con la Fiscalía de Oaxaca.
La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, compareció ante el Congreso local para explicar las acciones del organismo respecto al caso del periodista Alejandro Leyva. La sesión, celebrada este 1 de agosto de 2026, tuvo como objetivo central aclarar por qué la Defensoría no activó protocolos preventivos a pesar de haber tenido conocimiento previo sobre las amenazas contra el comunicador. Legisladores y representantes de la sociedad civil señalaron que la exposición de la funcionaria resultó insuficiente para deslindar responsabilidades institucionales.
Durante su intervención, Lara Rodríguez centró su discurso en la falta de colaboración por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, argumentando que el organismo autónomo que ella dirige carece de facultades ejecutivas para forzar una investigación ministerial. Sin embargo, diversos sectores han interpretado esta postura como un intento de desviar la atención de las propias omisiones de la Defensoría. El debate se intensificó al cuestionar si existe una concurrencia de culpas entre ambas instituciones estatales encargadas de procurar justicia y proteger los derechos humanos.
La controversia radica en la aparente inacción de la DDHPO ante la escalada de violencia documentada contra Leyva en los meses previos a los hechos. Mientras la Fiscalía sostiene que el proceso sigue su curso bajo los lineamientos de su competencia, la Defensoría enfrenta críticas por la supuesta falta de seguimiento puntual a las medidas cautelares solicitadas. La ciudadanía exige respuestas claras sobre los mecanismos de protección que fallaron en un contexto donde el ejercicio periodístico en la entidad permanece bajo constante riesgo.
Como parte de los acuerdos derivados de esta comparecencia, se ha propuesto la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para revisar los protocolos de atención a periodistas. No obstante, integrantes de organizaciones civiles han enfatizado que la sola creación de mesas de diálogo no sustituye la necesidad de fincar responsabilidades administrativas contra quienes pudieron haber incurrido en negligencia. La transparencia en este caso se ha convertido en una prueba de fuego para los organismos autónomos del estado de Oaxaca.
