sábado, 12 de septiembre de 2026

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Crisis política en Baja California tras filtración de audios sobre visa

La gobernadora Marina del Pilar enfrenta cuestionamientos públicos tras difundirse grabaciones donde busca gestionar su situación migratoria con autoridades estadounidenses.

Redacción Eco Nacional
Foto: elfinanciero

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra en el centro de una controversia política nacional tras la difusión de audios en los que presuntamente intenta negociar su situación jurídica con funcionarios de Estados Unidos. Estos registros habrían surgido luego de que la mandataria estatal fuera notificada sobre la revocación de su visa para ingresar a territorio estadounidense, un hecho que ha generado una fuerte presión sobre la administración federal en Palacio Nacional.

Fuentes cercanas al entorno presidencial confirmaron que la presidenta de la República ha brindado un respaldo político a la gobernadora para contener los efectos de esta filtración. Durante los últimos días, el equipo de la oficina presidencial ha mantenido un perfil bajo respecto al incidente, buscando evitar que la crisis en el estado fronterizo escale hacia un conflicto diplomático o afecte la gobernabilidad en la entidad.

La situación ha provocado diversas reacciones en el Congreso de la Unión, donde legisladores de oposición han solicitado una investigación formal sobre el contenido de dichas grabaciones. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido una postura de cautela, señalando que cualquier asunto relacionado con visados es competencia exclusiva de la soberanía del país vecino, evitando emitir juicios sobre las acciones individuales de los funcionarios estatales.

El entorno en Palacio Nacional refleja un esfuerzo por estabilizar la situación, mientras la gobernadora de Baja California continúa con sus actividades públicas en la entidad. Analistas políticos observan que el desenlace de esta crisis dependerá de la veracidad técnica de los audios y de la capacidad de la administración federal para desvincular los asuntos migratorios personales de la gestión gubernamental en la frontera norte del país.

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