CNDH reconoce que crimen organizado comete mayoría de desapariciones en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un posicionamiento formal en el que establece que, en el contexto actual del país, la mayoría de las desapariciones forzadas son perpetradas por particulares y organizaciones criminales. Este reconocimiento oficial subraya una problemática compleja que afecta a diversas entidades federativas, donde la línea entre la delincuencia organizada y la participación de autoridades locales se ha vuelto difusa en múltiples casos documentados.

El organismo autónomo detalló que, si bien la responsabilidad directa recae en grupos delictivos, se han detectado patrones de complicidad, encubrimiento o tolerancia por parte de agentes del Estado. Estas irregularidades se presentan tanto en el ámbito municipal como en el federal, dificultando las labores de búsqueda y justicia para las familias de las víctimas que exigen respuestas de las autoridades competentes.

Expertos en derechos humanos señalan que esta situación exige un fortalecimiento en los mecanismos de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales. La dependencia de la CNDH enfatizó que la colaboración entre las instituciones de seguridad y los organismos de protección ciudadana es fundamental para erradicar las conductas omisas que permiten que este fenómeno persista sin una sanción adecuada.

Ante este panorama, la institución reiteró su llamado a las autoridades federales y estatales para redoblar esfuerzos en la localización de personas y la atención integral a las víctimas. La transparencia en los procesos de investigación y la capacitación constante de los funcionarios públicos son señaladas como medidas urgentes para combatir la impunidad y reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar justicia.

El reporte de la CNDH busca establecer una ruta de trabajo que permita una coordinación más efectiva entre los tres niveles de gobierno. El objetivo es desarticular las redes criminales que operan en las sombras, asegurando que cualquier agente del Estado que participe o encubra estos actos sea procesado conforme a la ley, garantizando así el respeto a los derechos humanos en todo el territorio nacional.