CDH condena comentarios de diputadas morenistas ante omisión de dirigencia estatal

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió un pronunciamiento formal para condenar las recientes expresiones vertidas por las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares, las cuales fueron calificadas como discursos de odio dirigidos hacia los adultos mayores. Este señalamiento surge tras la difusión de comentarios que generaron una amplia indignación social en el estado, cuestionando la ética y el comportamiento de las legisladoras en el ejercicio de sus funciones públicas.

Ante el cuestionamiento sobre posibles medidas disciplinarias, la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, sostuvo que la estructura partidista local carece de facultades para obligar a las diputadas a rectificar su postura o imponer sanciones inmediatas. Romero Garci-Crespo argumentó que su gestión se limita a la coordinación política y que no existe un mecanismo interno de control que permita coaccionar el comportamiento de las legisladoras ante señalamientos de esta naturaleza.

La dirigente estatal puntualizó que el expediente y la evaluación de una posible falta a los estatutos internos corresponderán exclusivamente a las instancias nacionales del partido. De esta manera, Morena a nivel estatal se desmarca de la responsabilidad de aplicar correctivos, dejando el destino de las legisladoras en manos de los órganos centrales de justicia partidaria que deberán determinar si sus acciones contravienen los principios del movimiento.

Este posicionamiento ha generado diversas reacciones en el ámbito político estatal, donde organizaciones civiles han solicitado mayor rigor en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos. La falta de acciones contundentes por parte de la dirigencia local coloca el foco de atención en el proceso que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena deberá seguir para resolver este caso en los próximos días.

El debate se mantiene abierto en torno a la responsabilidad ética de los representantes populares y los límites de la libertad de expresión frente a grupos vulnerables. La ciudadanía permanece a la espera de una resolución formal por parte de los órganos nacionales del partido que defina si las acciones de las diputadas ameritan una sanción dentro de la fracción legislativa.