ASF inicia auditoría a la UNAM por fallas en exámenes de ingreso

La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó formalmente el inicio de una investigación contra las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El procedimiento se deriva de diversas inconsistencias detectadas en los procesos de selección y contratación de la plataforma tecnológica empleada para la aplicación de los exámenes de ingreso durante este año 2026. Esta auditoría busca esclarecer si el ejercicio de los recursos destinados a dicho sistema cumplió con la normativa vigente en materia de adquisiciones y servicios.

El órgano fiscalizador ha requerido a la administración universitaria la entrega de la documentación comprobatoria, incluyendo los contratos, las bases de licitación y los perfiles técnicos de los proveedores seleccionados. De acuerdo con fuentes cercanas a la diligencia, la intervención responde a reportes sobre fallas técnicas que afectaron a los aspirantes durante las jornadas de evaluación. La ASF analizará si existió una debida planeación en la implementación del entorno digital y si los mecanismos de control interno fueron suficientes para garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto.

Por su parte, el equipo administrativo de la UNAM ha manifestado su disposición para colaborar plenamente con las autoridades fiscalizadoras. En una comunicación interna, las autoridades universitarias señalaron que el proceso de auditoría es un ejercicio ordinario de rendición de cuentas y aseguraron que presentarán todas las pruebas necesarias para solventar las observaciones que se deriven de la revisión de sus expedientes. La institución sostiene que su prioridad sigue siendo la salvaguarda de la integridad y equidad en el acceso a la educación superior.

La ASF tiene facultades constitucionales para verificar la correcta aplicación de los fondos públicos que recibe la universidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez concluida la fase de auditoría forense, el órgano fiscalizador emitirá un informe donde determinará si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o, en su caso, proceder con las denuncias correspondientes ante las instancias legales. Hasta el momento, no se han suspendido los procesos académicos vigentes, mientras la comunidad universitaria permanece a la espera de los resultados de la indagatoria.